El proceso electoral nicaragüense recién concluido ha dejado secuelas que están acentuando la polarización política en el país, con un abierto enfrentamiento en la Asamblea Nacional entre quienes piden la aprobación de una ley que anule los resultados electorales, considerándolos fraudulentos, y los que clasifican este proyecto como una maniobra inconstitucional y desestabilizadora, dirigida contra el actual gobierno del presidente Ortega.
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