Gaza y Managua en el punto de mira de la Unión Europea

El 18 de diciembre, el Parlamento Europeo (PE) aprobaba una resolución denominada "Los ataques contra los defensores de los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Nicaragua".(1) Fue respaldada por el grupo Popular, el Liberal, “Europa de las Naciones” y también por los “socialistas”. En contra votaron “Izquierda Unitaria” y Verdes.(2)

Si no conoce la actualidad centroamericana, se preguntará qué ha sucedido en dicho país para que se entrometa el PE. Pues bien, empezaré por decir aquello que no ha sucedido. El ejecutivo nicaragüense -desde hace dos años en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- no ha orquestado ningún asesinato sistemático. No ha bombardeado a nadie. No ha ocupado violenta y militarmente ningún espacio ajeno. No mantiene a miles de presos políticos. No dispone de alta tecnología militar, ni de armas nucleares de destrucción masiva, ni disemina fósforo blanco entre la población, ni destruye colegios de la ONU. Tampoco ha ensamblado bloqueo económico contra nadie. No ha atacado ni destruido mezquitas, catedrales o universidades. No viola las resoluciones, ni chulea a las Naciones Unidas. No ha provocado exiliados ni campos de refugiados. No ha diseccionado territorios ni aislado a personas mediante muro alguno. No ha edificado asentamientos ilegales en países vecinos, y como no hay colonos, éstos no amedrentan a la población autóctona. No ha robado impuestos a las naciones colindantes. Y no impide el transporte de ayuda humanitaria, alimentos o medicinas.

Aún así, Nicaragua ha logrado “reunir más méritos” que Israel para que el PE votara una resolución bochornosa. Por si no fuera suficiente, se le ha cancelado desde Europa la ayuda económica que recibía. Incluso gobiernos como el de Colombia, donde se ha demostrado la implicación del ejército y la clase política en el terrorismo de estado, se han salvado de condenas y acciones tan humillantes y desproporcionadas.

¿Por qué la resolución?
El texto es un compendio de diversos hechos. Por una parte considera el hostigamiento a diferentes medios, partidos y organizaciones sociales por parte del gobierno sandinista de Daniel Ortega. Por otra da por hecho que las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre supusieron un fraude.

Al dar por hecho que la estafa viene por parte del ejecutivo, la resolución indirectamente culpabiliza al sandinismo de la violencia que se desató los días después de las elecciones. Generaliza la persecución que sufren las organizaciones sociales como si fuera algo sistemático. Se adoba con cantos de sirena y numerosas citas sobre derechos humanos, libertad de expresión y todas esas palabras bonitas aunque amorfas. Pero lo más grave de todo, es el escupitajo diplomático que el PE le asesta a Nicaragua, cuando dice sobre las elecciones “…que considera que sus resultados carecen de legitimidad democrática alguna.”.

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